La ciudad atraviesa hoy un debate que excede largamente la discusión técnica sobre el traslado de una dependencia penitenciaria. Lo que está en juego es el modelo de ciudad, la planificación a largo plazo y el respeto por una identidad construida durante décadas a partir del trabajo, la producción, la educación y la innovación.
Nadie (ni oficialistas ni opositores, ni instituciones ni vecinos) discute la necesidad de trasladar la actual alcaidía, que funciona en un edificio casi centenario ubicado en pleno centro de la ciudad: su emplazamiento resulta incompatible con criterios modernos de seguridad, convivencia urbana y uso adecuado del espacio público. Ese diagnóstico es compartido y constituye un punto de acuerdo básico. El problema, entonces, no es el traslado, sino dónde se la trasladará.
Una ubicación equivocada y una mirada de corto plazo
La localización elegida por el intendente Leonardo Viotti y su equipo para emplazar la nueva alcaidía resulta inconveniente, impropia y carente de visión estratégica. El predio seleccionado, sobre la extensión de avenida Italia, en su intersección con el camino público N° 5 se encuentra dentro del ejido urbano, en las inmediaciones de un sector de alta expansión, con urbanizaciones y barrios consolidados en sus inmediaciones.
La experiencia reciente de crecimiento urbano de Rafaela demuestra que lo que hoy parece “periferia” o “campo”, en pocos años queda incorporado plenamente al entramado urbano. Proyectar la tasa de crecimiento de la ciudad es suficiente para advertir que la nueva alcaidía será rápidamente alcanzada por la marcha urbana, y reproducirá un plazo no lejano el mismo problema que hoy se intenta resolver.
El traslado debe pensarse como una solución a largo plazo, que garantice que el problema no vuelva a instalarse dentro de cinco o diez años. De lo contrario, no se trata de planificación: se trata de patear el problema hacia adelante, con un costo social y urbano mucho mayor.
Un impacto social que recae sobre barrios que apuestan al desarrollo
La cercanía del emplazamiento propuesto por la Municipalidad afecta directamente a los barrios Mora, Zazpe, 42, Virgen del Rosario, Italia y San José. No puede ser ninguneado el deseo de sus habitantes de que sus familias y hogares progresen y se proyecten como podrían hacerlo en cualquier otro sector de la ciudad. En ese sentido, suena fuerte entre los vecinos la pregunta acerca de por qué no se instala la alcaidía en terrenos disponibles en el sur de la ciudad.
No se trata de entablar un enfrentamiento entre ciudadanos, pero es innegable que la zona norte de Rafaela carga con un histórico estigma que se fue corrigiendo en los últimos años, gracias a políticas públicas orientadas a la integración urbana, la mejora de servicios, la infraestructura sanitaria, educativa y vial, y la promoción de nuevos desarrollos residenciales. Arruinar ahora todo ese esfuerzo, todos esos adelantos con la mancha de una alcaidía con dimensiones de cárcel, no es justo para nadie.
La denominación “alcaidía” no debe prestarse a confusión: no es un simple espacio de estadía temporaria para personas eventualmente privadas de su libertad, como se pretender hacer creer. Es un establecimiento con capacidad para 240 reclusos, con escala regional, y en el marco de un sistema judicial lento en el que las estadías temporarias se convierten en años de presidio, tal como ya sucede en las actuales instalaciones de la Jefatura. Se le llama alcaidía, pero tiene las dimensiones de una cárcel que abarca tres departamentos de la provincia.
El impacto social, territorial y ambiental de estas instalaciones es enorme: mayor tránsito, concentración de vehículos, circulación y permanencia de personas provenientes de otras localidades, ruidos, demandas de más seguridad entre varias otras externalidades negativas que afectan directamente la vida y la proyección urbana de los barrios mencionados.
No es casual que, aun sin estar construida, la alcaidía ya esté generado un debate intenso y comprensible entre los vecinos del sector norte de la ciudad. Son ellos quienes mejor saben que esta decisión municipal no es neutra, no es inocente, que tiene causas y consecuencias que pagarán ellos, mientras quienes tomaron la decisión, empezando por el intendente, tienen sus propiedades bien lejos de allí.
Una ciudad con identidad productiva, universitaria y emprendedora
Rafaela no es, ni quiere ser, una ciudad carcelaria. Su desarrollo histórico está íntimamente ligado a un perfil de trabajo productivo, empresarial, educativo y de innovación, que la posicionan como un polo universitario, industrial y de servicios reconocido a nivel nacional por su dinamismo económico, su entramado institucional y su capacidad emprendedora.
Las decisiones de planificación urbana no deben tomarse a la ligera: históricamente, los diferentes intendentes pensaron muy bien cada paso, lo que le ha dado a Rafaela su carácter actual. Son decisiones trascendentales que modelan el futuro de la ciudad y envían señales claras sobre qué ciudad se quiere construir. Una infraestructura carcelaria dentro del ejido urbano, modifica el perfil del sector y de la ciudad en su conjunto, desalienta las inversiones inmobiliarias, condiciona los desarrollos habitacionales y la calidad de vida de los vecinos. Cuidar la identidad de Rafaela no es una consigna vacía: es una responsabilidad política.
Sin consenso no hay decisión legítima
Uno de los aspectos más preocupantes de este proceso es la ausencia de diálogo y consenso, lo que parece ser una constante en el estilo de gestión de Leonardo Viotti. En el expediente por él firmado, no figuran antecedentes de debate institucional, ni instancias formales de participación ciudadana, ni consultas amplias con vecinos, comisiones vecinales, sectores productivos, agropecuarios o instituciones intermedias. No figuran porque no las hubo.
Una obra de esta magnitud, que compromete el futuro urbano de la ciudad, no puede ni debe impulsarse ni manipularse de manera unilateral, ni a escondidas. Debe recordarse que la noticia se supo de la noche a la mañana, porque, precisamente, no hubo acuerdos previos, sino decisión caprichosa y a puertas cerradas.
Cuando se trató en tema en el Concejo, la aprobación fue muy ajustada: cinco votos a favor, dados automáticamente y sin argumentos por el oficialismo, y cuatro votos en contra por parte de una oposición que, aunque expuso sus razonamientos, no fue escuchada por el simple hecho de ser minoría. Fue un resultado demasiado ajustado, que evidencia la necesidad de un debate. Cinco “aprobado” cantados sin justificaciones serias no legitiman una decisión que nació cerrada entre cuatro paredes. El consenso no es una formalidad: es una condición democrática básica cuando se trata de políticas públicas de alto impacto.
La diferencia entre escuchar y decidir a espaldas de la ciudad
En este punto resulta necesario marcar una diferencia clara. El gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, ha manifestado públicamente que la definición del lugar para la alcaidía debe surgir del consenso con instituciones y, sobre todo, con los vecinos, y que existen márgenes para evaluar otras localizaciones posibles.
Mientras la máxima autoridad provincial demostró comprensión del problema y respeto por la planificación territorial, el intendente local avanzó sin diálogo, sin escucha y sin voluntad de construir acuerdos. La falta de instancias participativas no es un descuido: es una decisión política, que revela un estilo de conducción cerrado, insensible y poco permeable a la discusión pública.
Rafaela no es la única opción
Ser cabecera departamental no implica asumir automáticamente todas las cargas. La Circunscripción N.º 5 abarca la totalidad de los distritos de los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, lo que abre un abanico amplio de alternativas para localizar una infraestructura carcelaria de alcance regional.
Existen municipios, comunas y zonas rurales no cercanas a centros urbanos consolidados, incluso con posibilidades de ubicación equidistante respecto de los principales núcleos poblacionales de la región. Insistir en un predio que quedará, en pocos años, dentro del tejido urbano de Rafaela es una decisión política evitable.
El futuro de la ciudad no se negocia
Avanzar con una obra de alto impacto sin debate, sin consenso y sin una mirada de largo plazo puede generar consecuencias graves e irreversibles. Las ciudades no se corrigen fácilmente una vez que las decisiones están tomadas.
Rafaela tiene una historia, una identidad y un proyecto. Defenderlos no es oponerse al progreso, no es “poner palos en la rueda” sino exigir planificación responsable, diálogo democrático y respeto por una ciudad que eligió ser sinónimo de trabajo, educación y desarrollo. Y ese orgullo no se negocia.
