La Ley de Glaciares está nuevamente bajo ataque: el oficialismo avanzó con la presentación de un proyecto de modificación que vacía de contenido la normativa vigente. El proyecto ingresó al Senado en diciembre del 2025 y fue tratado por la Cámara Alta durante la época de receso. Con un tratamiento exprés en sesiones extraordinarias, el 26 de febrero del 2026 el proyecto obtuvo media sanción.
El plan de avanzar rápidamente con el tratamiento de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados se vio postergado: no se puede avanzar sin pasar previamente por una Audiencia Pública en la que ciudadanos y ciudadanas puedan expresarse. Esta instancia se habilita en cumplimiento del derecho a la participación ciudadana reconocido por la Constitución, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar mecanismos abiertos e inclusivos en decisiones con impacto ambiental.
La audiencia tendrá lugar los días 25 y 26 de marzo y ya tiene más de 70.000 inscriptos, en una convocatoria sin precedentes que refleja la preocupación social por la posible pérdida de protección de las reservas estratégicas de agua del país. El compromiso y la urgencia por defender a los glaciares generó una gran demanda de información por parte de la ciudadanía.
Con el objetivo de brindar rigurosidad técnica y científica, las organizaciones Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas – Caje, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Greenpeace Argentina, Fundación Biodiversidad y Círculo de Políticas Ambientales lanzaron el documento “10 Mitos Y Falacias Sobre La Ley Nacional De Glaciares”, en el que analizan críticamente los argumentos utilizados para justificar la reforma y refutan afirmaciones que carecen de evidencia o sustento empírico en los datos.
Es fundamental destacar que se pretende introducir cambios estructurales en la Ley de Glaciares, que alteran por completo el espíritu de la ley vigente y reemplazan un sistema de protección claro por uno discrecional. En la práctica, esto implica que, mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.
Asimismo, la iniciativa elimina la prohibición expresa de realizar actividad minera sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que los glaciares y los periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua.
Intervenir en las áreas periglaciares, ya sea en superficie o en profundidad, significaría perder hielo que no se recuperará nunca más y alterar procesos que sostienen el caudal de las cuencas. Por eso la actual ley prohíbe actividades allí: porque el daño sería irreversible.
Este insumo, de acuerdo a las organizaciones, aporta rigurosidad científica y técnica al debate público, en un contexto donde se intenta avanzar con una reforma que compromete la protección de fuentes de agua fundamentales para millones de persona
