En horas de la mañana de este martes en la Sala 2 de la Oficina de Gestión Judicial bajo la presidencia del Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Carlos Bottero, se llevó a cabo una audiencia con el objeto de aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva que cumplía Alejandro Miguel T., quien se encontraba detenido en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de nuestra ciudad, acusado por la Fiscal María Cecilia Doro de los delitos de Amenazas e incumplimiento de un mandato judicial y contaba con la asesoría legal del abogado particular Carlos Farías Demaldé.
Tras las presentaciones correspondientes la representante del MPA recordó el hecho por el que el sujeto se encontraba detenido indicando que en fecha 26 de diciembre del corriente año, el imputado envió al teléfono celular del menor YNT, hijo de la víctima NSU, varios audios y mensajes con contenido intimidantes, dirigidos a amedrentar a la última mencionada. Dicha conducta fue desplegada a sabiendas y con pleno conocimiento de la existencia de una medida autosatisfactiva dispuesta por la Jueza de Primera Instancia de Rafaela, Dra. Liza Báscolo Ocampo, en fecha 23 de diciembre de 2025 por el término de sesenta días, mediante la cuál se había ordenado la prohibición de acercamiento del imputado respecto del domicilio de la víctima y su hijo en un radio de cien metros, así como el cese de todo acto u omisión -sea de manera personal o presencial, electrónica o virtual que implique hostigamiento del imputado a la víctima y su hijo menor de edad. De este modo el acusado incumplió deliberadamente el mandato judicial vigente, vulnerando la medida de protección dictada en favor de la víctima y su hijo. Agregó Doro que el hecho fue caratulado como Amenazas simples y Desobediencia a un mandato judicial, en carácter de autor y en concurso real.
A su turno Farías Demaldé dijo no tener objeciones respecto del control de detención ni a continuar con la audiencia cautelar, aclarando que su defendido no iba a declarar.
Allí la fiscal Doro aseveró que habían llegado a un acuerdo de partes para aplicar medidas alternativas lo que fue refrendado por el defensor.
Luego el Juez Bottero procedió a explicarle al imputado que iba a recuperar la libertad bajo las medidas acordadas por su defensor que son las siguientes: 1) Fijar domicilio en la localidad de Ramona; 2) Nombrar una guardadora; 3) Firmar quincenalmente en la comisaría de la jurisdicción; 4) Prohibición de portar armas de cualquier tipo y calibre; 5) Prohibición de contacto con víctimas y testigos; y 6) Someterse a un tratamiento por sus adicciones debiendo informar trimestralmente su avance.
